Mientras los delegados de unos 200 países del mundo siguen reunidos en la ciudad sudafricana de Durban intentando acordar compromisos para hacer frente al cambio climático y avanzar en la renovación del Protocolo de Kioto, un acuerdo que fija objetivos para reducir la emisión de gases invernaderos, Brasil aprobó su polémico Código Forestal.

El documento ya apoyado en la Cámara de Diputados por una aplastante mayoría, fue votado este martes en el Senado. Con 58 votos a favor y 8 en contra, la reforma que flexibiliza las normas para preservar la vegetación y abre la puerta a una amnistía para deforestadores obtuvo luz verde.

El Código disminuye el territorio que no puede ser deforestado, las así llamadas Áreas de Protección Ambiental Permanente (APP) - los bosques ribereños, las cimas de las colinas y las áreas de reserva legal- cuando estén situados en propiedades privadas. Por ejemplo, las zonas protegidas a la vera de los ríos que actualmente suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasan a ser de solamente de 15 metros. La nueva legislación permitirá, además, a los hacendados que durante los últimos 10 años deforestaron zonas protegidas por la ley mantener su actividad agrícola y ganadera, eludir el pago de sanciones si regularizan sus propiedades en un plazo determinado.

En el país que tiene la cabaña bovina más importante del mundo y el mayor cultivo de café y cuya industria factura miles de millones de dólares con productos como soja, caña de azúcar y pastos para el ganado, la reforma puso a la sociedad en pie de guerra. Si el sector agropecuario sostiene que sin nuevas áreas aptas para agricultura Brasil no podrá desarrollar su pleno potencial económico, los ecologistas argumentan que las tecnologías modernas permiten aumentar la productividad en las superficies ya existentes. La única esperanza de los activistas ambientales es que a la hora de ratificar la nueva ley la presidenta Dilma Rousseff la vete.

El nuevo Código deja vulnerable entre 400.000 y 700.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía, según diferentes estimaciones, un territorio que equivaldría a España más Portugal o Suiza y Austria completas. En su comunicado respecto al asunto, la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil manifestó: “La ley condena a regiones enteras del país a convivir con ríos agonizantes, manantiales sepultados y especies en extinción”.

Según calcula un grupo de catedráticos brasileños en su carta conjunta que publicaron en la revista Science en julio pasado, una vez puesta en marcha la reforma, llevaría a un importante aumento de las emisiones de gas carbónico y pondría en peligro de extinción a, al menos, 100.000 especies. En el mundo moderno, se considera que la deforestación provoca cerca del 18% de las emisiones de dióxido de carbono.

La aprobación de la legislación se produjo tan solo un día después de que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) situara a la deforestación en la Amazonía brasileña entre agosto de 2010 y julio de 2011 en su nivel más bajo de los últimos 22 años.

En el mundo moderno, se considera que la deforestación provoca cerca del 18% de las emisiones de dióxido de carbono. Expertos opinan que frenar la pérdida de bosques sería una de las formas más baratas y efectivas de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero.

En los últimos años Brasil, país donde se produjeron pérdidas gravísimas de los bosques de la Amazonía, que representa el 70% de la región sudamericana, tuvo cambios positivos en el problema de la deforestación. El país, ante de la Cumbre sobre el cambio climático de 2009, presentó un ambicioso compromiso para reducir la tala de especies nativas en un 80%.

Las medidas dan sus frutas. Nuevas tecnologías, tales como el monitoreo por satélite, ayudan a vigilar los bosques. Además, las organizaciones no gubernamentales lograron provocar el rechazo a la comprar por parte de empresas de países desarrollados de productos -madera o soja- que no estén certificados como procedentes de zonas no deforestadas.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) revela que en 1988 se talaron 21,050 kms. cuadrados; en 2005, 19,014 kms cuadrados; mientras que en 2010, disminuyó la tala a menos de 7.000 kms. cuadrados. En diciembre de 2010, un informe gubernamental brasileño había situado la deforestación en la Amazonía en su nivel más bajo de los últimos 22 años.

Sin embargo, este año por el INPE informó que la deforestación casi se sextuplicó temporalmente en Brasil desde marzo-abril de 2011 en relación con el mismo período de 2010, pasando desde 103 kilómetros cuadrados a 593 kilómetros cuadrados. El brusco aumento podría estar relacionado con el debate este año sobre un nuevo Código Forestal, que posiblemente incluiría ciertas amnistías para la deforestación.

La reforma del Código Forestal fue propuesta por el Gobierno del país y cuenta con el apoyo de la industria agropecuaria. Las nuevas normas proponen que las áreas de selva protegidas en propiedades privadas en la Amazonía, que equivalen hoy al 80 %, se reduzcan a un 50 % del terreno. Asimismo plantea que las zonas protegidas a la vera de los ríos, que actualmente suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasen a ser de solamente 15 metros.

Pero el punto que más discusiones generó es el que permite la regulación de la deforestación para todos los hacendados que habían violado las leyes actuales, que desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas su actividad agropecuaria. Las ONG y los opositores al Código califican a esta medida como una “amnistía”. Los que apoyan la ley responden que los agricultores, sin embargo, serán obligados a reforestar.

Brasil, la potencia emergente, experimenta un marcado crecimiento económico. Actualmente, un cuarto de toda la producción mundial de soja procede de Brasil, el país también es uno de los mayores productores de carne, café y otros bienes agrícolas. Se construyen centrales hidroeléctricas en la Amazonía (lo que enfrenta protestas de los indígenas y activistas medioambientales), se van a explotar reservas de petróleo submarinas, que -según Greenpeace- podrían convertir al país sudamericano en el "tercer mayor contaminador del mundo".

De acuerdo a las palabras de la presidenta Dilma Rousseff, citadas por AFP, "tal vez seamos el único país del mundo que tiene condiciones de ser potencia agrícola y energética sin dejar de ser una potencia de biodiversidad y de respeto al medio ambiente". Sin embargo, los activistas medioambientales se reúnen en protestas para pedir que no destruyan los bosques y exigir que la jefa de Estado vete el proyecto si es aprobado por el Congreso.

El Gobierno insiste en una visión “realista”: el antiguo código, vigente desde 1965, dejó fuera de la ley a muchos hacendados, no se puede seguir luchando con la deforestación ilegal utilizando métodos como las redadas del Ejército. Se necesita regular la situación actual, favoreciendo uno de los sectores más avanzados que es la agricultura, opinan los partidarios de las nuevas normas, agregando que, de todas maneras, no se puede restaurar lo perdido.

Los ecólogos objetan que con la aprobación de la ley, una zona de la selva equivalente a la superficie del Perú, podría quedarse sin protección.

El polémico Código Forestal ya fue aprobado en la Cámara de Diputados por una aplastante mayoría.